viernes, 27 de noviembre de 2009

Periodismo en Honduras, misión de alto riesgo

A cinco meses del golpe de estado en Honduras, se han registrado 127 casos de violaciones a la libre expresión, que incluyen lesiones a 31 periodistas, e interrupción de transmisiones de tv y radio. De cara a las elecciones, los medios opositores al régimen de facto que preside Roberto Micheletti "corren un alto riesgo en esta última semana de campaña", apunta una misión de observadores.

Periodismo en Honduras, misión de alto riesgo

Tegucigalpa. Los periodistas sufren los más variados ataques físicos y contra el libre ejercicio de la profesión en Honduras, donde el domingo próximo se realizarán elecciones generales pese a la permanencia del gobierno de facto y al rechazo de casi toda la comunidad internacional.

Las agresiones van desde cierre temporal de medios de comunicación, atentados, amenazas, violaciones al derecho de acceso a la información pública, cancelación y censura a programas de radios y televisión, hasta el despido y detenciones ilegales de periodistas, entre otras acciones represivas.

Al menos 127 casos de violaciones a la libre expresión se han registrado desde el golpe de Estado cívico militar del 28 de junio contra el gobierno democrático de Manuel Zelaya.

El último incidente grave fue la interferencia sufrida por el Canal 36, que transmite desde Tegucigalpa, al quedar su señal de aire tapada por programas musicales y la emisión de viejas películas estadounidenses en el horario de los noticieros.

La interrupción informativa de ese canal duró tres días y sólo el lunes pasado pudo volver a la programación habitual, luego de que su propietario, el periodista Esdras Amado López, interpusiera una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos para demandar una investigación.

López dijo que su nivel de tolerancia estaba llegando "al límite", al relatar que desde que se perpetró el golpe su medio ha sido clausurado en tres oportunidades, en espacios de una hasta tres semanas, además de haber sido víctima de una bomba de fabricación casera, que por fortuna no causó mayores daños.

El hostigamiento obedece a "nuestra política informativa de oposición al golpe de Estado y a exigir el retorno del presidente Zelaya (a su cargo), así como (la restitución) del orden democrático", indicó.

Sandra Ponce, fiscal de los Derechos Humanos, respondió, ante la consulta de IPS, que el pedido a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), como ente regulador del espectro radioeléctrico, de "investigar sin demora el último atropello en contra del Canal 36", dio como resultado conocer "el lugar de procedencia de la interferencia". Sin embargo, "aún no se ha dado con los responsables", admitió.

"Estamos satisfechos con los hallazgos hasta ahora, y Conatel se comprometió a ‘monitorear’ en forma permanente la señal del canal a fin de evitar que ocurra un nuevo boicot contra ese medio de comunicación y del ejercicio de la libertad de expresión", sostuvo.

Por su parte, Miguel Ángel Rodas, responsable de Conatel, manifestó a IPS que hasta ahora las pistas indican que el boicot obedece a "acciones piratas que se han producido en el pasado".

"Hemos trabajado 12 horas diarias desde que se interfirió la señal de ese medio de comunicación y, aunque detectamos el sitio de donde procedían, no hemos hallado a los responsables y no podemos aún ligar este hecho con la crisis política actual", aventuró.

El Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) y la Fundación Democracia sin Fronteras, dos instancias de la sociedad civil, proporcionaron a IPS un informe en el cual detallan las principales amenazas en contra del ejercicio de la libertad de expresión en los cinco meses de dictadura.

Ana Pineda, directora de la Fundación Democracia sin Fronteras, indicó que entre los 127 casos de violaciones reportadas se cuentan la clausura por periodos cortos de tiempo de ocho medios, como varias emisoras de radio y dos de televisión que transmiten desde Tegucigalpa y desde el litoral atlántico del país.

En ese marco de violaciones se destacan la suspensión de tres emisiones informativas en los últimos dos meses e programas del Centro de Estudios de Mujeres de Honduras, del Centro de Derechos de la Mujer y del movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla", ordenada por propietarios de los medios que las justificaron en "razones editoriales".

Para Pineda, estas acciones se producen al amparo de un decreto ejecutivo, vigente en el último mes, en el cual se otorga poderes a Conatel y otras dependencias públicas para revocar licencias de señales radioeléctricas de medios de comunicación.

El decreto indica que pueden ser pasibles de esta penalización quienes "emitan mensajes que generen apología al odio nacional, afecten bienes jurídicos protegidos, así como a los que llamen a generar un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz y los derechos humanos".

"Este decreto contraría el espíritu y alcance de la Constitución y los tratados internacionales suscritos en el tema de la libertad de expresión, lo que provoca graves niveles de intolerancia en los medios de comunicación, falta de profesionalismo y de comportamiento ético, tanto de los que están a favor del actual régimen (de facto) como del depuesto presidente Zelaya", dijo la abogada Pineda.

A su vez, el director ejecutivo de C-Libre, Alexis Quiroz, denunció ante IPS que, en este contexto, la actividad de los periodistas de cara a las elecciones generales de este domingo y de la coyuntura política "se ha tornado de alto riesgo, ya que al menos 31 periodistas han sido lesionados por la autoridad y los manifestantes durante su cobertura informativa".

Una misión internacional de organizaciones de libertad de expresión y de fomento al acceso a la información pública, que estuvo la primera semana de este mes en Honduras, tuvo que abandonar su idea de reunir a periodistas locales para buscar la reconciliación y el compromiso de todos con la democracia.

Las razones dadas fue que constataron una gran polarización entre la prensa y periodistas, según explicó la delegación visitante, conformada por delegados de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Free Voice de Holanda, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el capítulo mexicano de la organización Artículo 19, la Asociación Mundial de Periódicos, el International Media Support y Reporteros sin Fronteras.

Una segunda presencia ha sido programada para comienzos del próximo año. "Tenemos previsto rendir un informe previo a las elecciones que estamos consensuando, pero coincidimos, a primera vista, que el ejercicio de la libertad de expresión en el actual contexto implica no sólo riesgos de seguridad a los periodistas, sino que también acciones preocupantes de hostigamiento", dijo a IPS Robert Shaw, uno de los periodistas integrantes de la misión.

A su vez, el delegado para América de Reporteros sin Fronteras, Benoit Hervieu, en diálogo con IPS, expresó que a nivel de los medios de comunicación se produce una "realidad dolorosa", vinculada a la participación de las empresas del sector en "forma voluntaria" al bloqueo informativo impuesto por la dictadura.

De cara a las elecciones, los medios opositores al régimen de facto que preside Roberto Micheletti "corren un alto riesgo en esta última semana de campaña", apuntó.

"Mediático en sí, el golpe de Estado del 28 de junio arrojó descrédito sobre el conjunto de la profesión, cuya razón de ser es uno de los pilares de la democracia", advirtió Hervieu.

En Honduras, a mediados de 2008, se registraban 691 estaciones radiales, 169 canales de televisión y 142 señales de televisión por abonados, según la Conatel. No obstante esta cantidad de medios, son sólo seis familias las que controlan los 10 principales, cuyos propietarios pertenecen en su mayoría al Partido Liberal, también de Micheletti y de Zelaya.

Los comicios de este domingo para elegir presidente, autoridades locales y un nuevo parlamento, cuya fecha estaba prevista desde los tiempos de la democracia, están envueltos en la incertidumbre debido al boicot y desconocimiento al que han llamado Zelaya y sus seguidores.

Tampoco son reconocidas las elecciones por los gobiernos latinoamericanos, los organismos multilaterales como al Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y otros representantes de la comunidad internacional, según declaraciones expresas al respecto.

Todos ellos consideran, al igual que Zelaya, que la concurrencia a las urnas se hará sin garantías al permanecer interrumpido el sistema de derecho y que el propósito final del régimen es "legitimar" la acción militar que sacó al mandatario encañonado y en pijamas de su casa rumbo a un avión que lo puso en suelo costarricense.

Los intentos de reponer a Zelaya en la presidencia, tras su regreso para refugiarse en la embajada brasileña en Tegucigalpa, se han frustrado, tras lo cual el gobierno de Estados Unidos abandonó su posición inicial en sintonía con sus iguales del continente y días atrás dio su aval a las elecciones del próximo domingo.
fUENTE:La Jornada.
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